El derecho a la vivienda en la UE. Iñigo Maguregui

24/06/2022

El derecho a la vivienda sí es un derecho fundamental en el marco de la Unión Europea cuando refiere a las condiciones de disfrute del propio domicilio.

Iñigo Maguregui. Abogado urbanista

 

Aunque la afirmación no es nueva, porque procede de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-34/13 – ver el número 65 -, esta misma doctrina acaba ser citada e incorporada a nuestro acervo de jurisprudencia constitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional 37/2022, de 10 de marzo, en su Fundamento Jurídico Cuarto.

Esta jurisprudencia viene a reconocer que la vivienda constituye un requisito básico para poder disfrutar de otros derechos fundamentales conexos – en aquel caso, el desarrollo de una vida privada y familiar – por lo que la vivienda debe entenderse comprendida en la protección del artículo 7 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Otro de los derechos fundamentales que se conectan con la vivienda, como requisito para poder ser efectivamente materializado, es el derecho a la intimidad del domicilio (artículo 18 CE). También se conecta con el derecho a la vivienda, la necesidad de protección de los menores, todo ello en términos de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Estos derechos guardan relación, a su vez, con lo establecido en el artículo 10 de la Constitución.

Los derechos fundamentales que identificamos como íntimamente vinculados al derecho a la vivienda – vida privada y familiar, intimidad del domicilio – surgen no de cualquier vivienda sino tan sólo de aquella que constituye la vivienda habitual, el domicilio o, en términos del propio Tribunal Constitucional, la “vivienda habitacional”. Por otra parte, las situaciones jurídicas en las que es preciso ponderar la afectación de estos derechos son aquellas derivadas de procesos de pérdida forzosa de la vivienda habitual – desahucios, lanzamientos judiciales, etc. -.

Por lo tanto, resulta necesario insistir en que el derecho a la vivienda no se agota en lo dispuesto en el artículo 47 CE y, por lo tanto, este derecho no sólo tiene la condición y la naturaleza de un mero principio rector de las políticas públicas. De la misma manera que el derecho a la vivienda tampoco se agota en lo dispuesto en el artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea cuando lo califica como un tipo de ayuda social.

A resultas de lo visto, resulta indispensable separar dos aspectos muy distintos que se proyectan sobre el derecho a la vivienda. Por una parte, tenemos el derecho al acceso a una vivienda y, por otra parte, el derecho a la estabilidad en el uso (legal) de la vivienda como domicilio habitual. A estos dos aspectos del derecho a la vivienda habría que añadir, en mi opinión, uno tercero como es el derecho a la habitabilidad de las condiciones de la vivienda que se disfruta – incluyendo en el mismo la jurisprudencia en relación con las inmisiones molestas de ruido en la vivienda, según la doctrina del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos -.

De esta forma, el artículo 47 CE sí sería de plena aplicación al derecho de acceso a la vivienda y, como ya ha dictaminado el Tribunal Constitucional, no garantizaría un derecho subjetivo del derecho de acceso a la vivienda de la ciudadanía; a salvo la garantía que los propios Estados desarrollen y en el marco de sus servicios sociales como “ayuda a la vivienda” del artículo 34 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es a esta cuestión la que refieren los artículos 7 a 9 de la Ley 3/2015, de Vivienda del País Vasco.

No obstante, cuando relacionamos el derecho a la vivienda con el desarrollo de las condiciones de vida en el propio domicilio en condiciones de estabilidad, seguridad, intimidad y habitabilidad el derecho a la vivienda del artículo 47 CE se nos queda corto. Este desarrollo de las condiciones de vida en el domicilio no es un principio rector de las políticas públicas, sino que constituye un horizonte de garantía de ciertos derechos que deben protegerse necesariamente a la ciudadanía por parte de las Administraciones Públicas (artículo 10 CE).

Ponemos esto en evidencia porque el Proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda, que se está tramitando actualmente en el Congreso y a iniciativa del Gobierno del Estado, hace uso del título competencial del artículo 149.1.1 CE; título que legitima la regulación normativa del Estado en la necesidad de garantizar la igualdad en las condiciones básicas en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de deberes constitucionales de la ciudadanía.

Se entenderá que el alcance de este título competencial exclusivo del Estado del artículo 149.1.1 CE es radicalmente distinto si hablamos del derecho de acceso a la vivienda del artículo 47 CE o si, por el contrario, hablamos de la necesidad de protección del domicilio que legítimamente se disfruta, tal como hemos visto más arriba. De hecho, el Tribunal Constitucional ya ha negado al Estado que este título competencial del artículo 149.1.1 CE pueda tener carácter autónomo en base sólo lo dispuesto en el artículo 47 CE.

Para terminar constatando que el Proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda refiere a las políticas públicas de acceso a la vivienda y fomento del sector de la vivienda, competencia autonómica, pero también al ejercicio de otros derechos fundamentales de la ciudadanía en relación con la vivienda (igualdad en el acceso, desahucios y lanzamientos de vivienda habitual, condiciones mínimas de habitabilidad, estabilidad en el disfrute de los patrimonios públicos de vivienda, etc.), de competencia estatal ex artículo 149.1.1 CE. Y este dato, por ejemplo, no parecería haber tenido excesivo peso en el informe crítico emitido por el Consejo General del Poder Judicial en relación con el Anteproyecto en el mes de enero.

¿Deberíamos leer la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 37/2022 como una enmienda a dicho informe crítico del Consejo General del Poder Judicial?


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