Tenemos una noticia buena y otra mala sobre morosidad: la buena es que las cifras mejoran y se ha recortado la tasa de morosidad en un 8,5% respecto a 2015, y la mala es que, aun así, el 40% de las Comunidades de Propietarios tienen morosos en sus edificios.
Se deben 1.666 millones de euros. Mucho más que el presupuesto para 3 años de nuestro Plan Director de Vivienda que es de 1.119 millones, o del Plan Estatal de Vivienda que para sus cuatro años de vigor tiene una asignación de 1.443 millones de euros.
En Euskadi, el Observatorio Vasco de la Vivienda analizó la morosidad de las comunidades de propietarios en varios informes anuales, el último de los cuales es de diciembre de 2016: http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41-ovse04/es/contenidos/documentacion/ovv_morosidad_bancaria16/es_ovv_sevi/ovv_sectorvivienda230_es.html
Allí, constatábamos el grave problema con cifras: la proporción de comunidades de propietarios en las que existía morosidad en el pago de las cuotas a la comunidad, se situaba en el 25,8% para el conjunto de la CAE al cierre del ejercicio contable 2015. Por lo tanto, se podría decir que, en una de cada cuatro comunidades existía una deuda contraída por propietarios, bien sea en las cuotas ordinarias o en las derramas extraordinarias.
El nuevo informe del Colegio General de Colegios de Administradores de Fincas, sitúa al País Vasco entre aquellas zonas donde más disminuyen los deudores, pasando de 72,97 millones de euros en 2015 a 66,5 millones de euros en 2016. Baja un 8,86%, mientras que, la media en el conjunto se sitúa en un 8%.
Muchas son las consecuencias de este tipo de conflictos. Más allá de las derivaciones del día a día, y la problemática en el mantenimiento de los servicios básicos del inmueble como la luz, ascensor etc., que son importantes para la convivencia vecinal, hay otros decisivos relacionados con la conservación y/o mejora del edificio, que son decisiones importantes, alguna incluso obligadas, que implican derramas adicionales para las personas propietarias, en las que se requiere una respuesta unida, sin fisuras ni abandonos, por parte de la comunidad de vecinos.
Las entidades bancarias son también protagonistas en este entuerto. Son propietarias de un 16,6% de los edificios y en más de un 7% de ellos, impagan sus cuotas. Ya deben un total de 330 millones de euros.
Los morosos, personas físicas y jurídicas, y la morosidad que generan con sus incumplimientos en pagos, constituyen una seria amenaza para los procesos de rehabilitación, renovación y regeneración urbana en marcha, y cuyo nivel de exigencia en el tiempo, será cada vez mayor en el corto y medio plazo.
Hay procedimientos judiciales (juicios monitorios) que funcionan para atacar este problema y que deben ser utilizados eficazmente. Hay situaciones efectivas de insolvencia personal mucho más complicados de resolver con los actuales instrumentos (segunda oportunidad en el ámbito concursal), y que al final derivan en cargas incrementales para el resto de propietarios solventes, y hay una profunda contradicción en sus propios términos: no se entiende la actitud de la banca en este tema, los problemas de gestión administrativa de las ejecuciones hipotecarias siempre alegados, no justifican semejante nivel de impagos que requerirían medidas políticas de calado. El sistema (judicial) debe ser igual para todos, solían decir en las películas americanas antiguas.
En el departamento vasco de Vivienda contamos con Bizilagun, un servicio público y gratuito, cuya misión es informar y sobre los derechos y deberes como propietarios/as, vecinos/as, arrendadores/as o inquilinos/as, así como orientar, mediar y conciliar en aspectos genéricos básicos en estas materias.
Sólo en el año 2017, se atendieron más de 51.500 consultas, y se realizaron 118 mediaciones.
Aquí no hay quien viva con los morosos profesionales, superan demasiadas veces lo que nos podemos permitir.
Más información
http://www.cgcafe.org/wp-content/uploads/2017/09/comunicado-de-prensa-informe-morosidad-2016-d.pdf
