Ha transcurrido casi un año de la ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que impulsó el Gobierno Central, tras el fallo del Tribunal Europeo de Justicia sobre las cláusulas abusivas de las hipotecas que concedían los bancos, y de que las entidades financieras pusieran en marcha el Código de Buenas Prácticas (CBP).
Según el propio Ministerio de Economía y Competitividad, en una nota de prensa fechada el 15 de abril de 2014, se recibieron en el último trimestre de 2013, 4.523 solicitudes para aplicar el CBP para la reestructuración de las deudas hipotecarias por vivienda habitual. De los cuales, en 1.227 casos se negoció la deuda pendiente y en 397 se acordó la dación en pago.
Recordemos que las condiciones del CBP eran notablemente exigentes y con estrecho filtro de entrada, (Véase artículo Blog etxebizitza.blog.euskadi.eus/2013/06/04/aprobada-la-nueva-ley-hipotecaria/ ), y, además, un año después de la reforma, se produjeron más de 82.000 ejecuciones hipotecarias en 2013 (datos del CGPJ).
Por su parte, el Fondo Social de Viviendas creado por el Gobierno Central, para paliar en cierta medida el drama de los desahucios, mantiene unos requisitos para ocupar las viviendas cedidas por los bancos también muy restrictivas, y en su primer año de funcionamiento, de las 5.891 viviendas disponibles, han adjudicado 637 viviendas y se han formalizado 410 contratos.
Parecen, por tanto, cifras muy modestas de realizaciones ante situaciones que son la antesala de la exclusión social.
Ahora el propio Gobierno ha declarado que deberá modificar ciertas restricciones y relajar las condiciones para acceder a las viviendas del Fondo.
Nada se sabe aún o puede vaticinarse al respecto, pero lo que sí parece necesario es acertar con medidas estructurales.
Más información:
http://www.20minutos.es/noticia/2108900/0/de-guindos/acceso-vivienda/vivienda-fondo-social/
