Es una pregunta difícil de hacer cuando la que responde es la propia Administración Pública, pero necesaria si queremos mantener integridad intelectual y cierta credibilidad.
Nosotros en el Observatorio nos la hacemos permanentemente, y además nos la contestamos con la absoluta crudeza de los datos.
Llevamos evaluando nuestra política pública de vivienda y sus programas asociados desde 1996, y, demasiadas veces, no hemos salido bien parados.
El último informe sobre “La demanda de vivienda protegida y las tasas de acceso en las áreas funcionales de Euskadi 2013-2017” del Observatorio Vasco de la Vivienda, es un buen ejemplo que nos traduce en términos efectivos nuestras apuestas públicas de vivienda.
Actualmente, tenemos inscritos como solicitantes de vivienda una demanda media de 3,1 personas por cada 100 habitantes, aunque en Bilbao Metropolitano, Donostia, Zarautz-Azpeitia y Mungia, la media se eleve ligeramente.
En todas las áreas funcionales el predominio de la demanda de alquiler sobre el total es aplastante (8 de cada 10 quieren alquiler). Esto nos sitúa en un escenario a priori de máxima urgencia y dificultad.
Por el lado de la oferta, la adjudicación de vivienda protegida ha mostrado una tendencia decreciente entre 2013 y 2016. Y solamente a partir de 2016 se advierte la recuperación en algunas áreas desde los niveles mínimos de adjudicación registrados en 2016.
Debemos, por tanto, estudiar la llamada “tasa de acceso” que permite analizar el número de familias que han accedido a una vivienda protegida en relación a la demanda inscrita en cada año.
Las tasas de acceso han resultado, en términos generales, significativamente más reducidas en alquiler que las de compra, en la mayor parte de áreas y años analizados. Sólo Arrasate-Bergara, Eibar, Laguardia y Vitoria-Gasteiz han alcanzado niveles significativos entre 2013 y 2017, superando la cota del 6% anual en alguno de los ejercicios del período 2013-2017.
Otro factor muy importante es que el 60% de las personas inscritas en Etxebide se encuentran ya emancipadas. Este indicador es muy relevante a la hora de entender los cambios en la demanda de vivienda protegida. En 2009 la mayoría de las personas inscritas en Etxebide no se encontraban emancipadas y residían junto a sus progenitores (58,1%) frente al 39,6% en 2015. Estas personas emancipadas nos demandan un alquiler asequible, pero no su primer acceso a la vivienda.
También es necesario destacar que si bien la producción o captación de vivienda de alquiler protegido es insuficiente, cuatro de cada diez hogares que reside en viviendas en régimen de alquiler libre reciben algún tipo de prestación o ayuda, a través de una fuerte inversión presupuestaria que alcanzó en 2016 más de 100 millones de euros.
Entre el conjunto de prestaciones destaca la Prestación Complementaria de Vivienda asociada a la Renta de Garantía de Ingresos, con de 35.338 perceptores en 2017.
En Euskadi, y según la Encuesta Continua de Hogares 2017 del INE, hay 117.900 viviendas en alquiler.
La cifra de alquileres con algún grado de intervención pública se eleva a 54.353, y como resultado, el porcentaje de intervención pública en el mercado del alquiler vasco es del 46,1% (parque público puro más prestaciones públicas al pago del alquiler en viviendas libres).
Y a partir de 2019 estará activo el programa Gaztelagun que financiará el alquiler a jóvenes hasta 35 años con el 60% de la renta para unidades familiares y del 50% para individuales, con el límite de la Prestación Económica de Vivienda.
Además con la entrada en vigor del Derecho Subjetivo a la Vivienda, Euskadi debe hacer frente a una cobertura social para el acceso a la vivienda mucho más exigente presupuestariamente. Para ello, el nuevo Plan Director de Vivienda destina para los próximos tres años 1.119 millones de euros para 140.250 actuaciones en vivienda (incluye rehabilitación).
Mucho camino por recorrer.
¿Pero, como están los demás?
En Julio de este mismo año, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA) que reúne a más de 7.000 arquitectos, realizó una contundente declaración institucional afirmando que no existía una política de vivienda en Andalucía. En su opinión “la situación de vivienda en Andalucía es extraordinariamente grave y con perspectivas de empeoramiento”.
Hay una demanda de 300.000 hogares (212.000 solicitudes registradas) y una respuesta desde la Junta consistente en la edificación de 31.000 viviendas protegidas en los últimos diez años, básicamente en las capitales andaluzas.
También la Junta concedió 11.701 prestaciones para el pago del alquiler en 2017.
La difícil situación tiene parte de su respuesta en el escaso respaldo presupuestario:
“El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha asegurado en el Parlamento andaluz que los presupuestos de su departamento para el próximo año destinarán un total de 254,3 millones de euros para la ejecución del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016- 2020, destinado fundamentalmente al impulso de la rehabilitación y al fomento del alquiler.
El consejero ha señalado en su intervención en el Pleno de la Cámara que la mayor parte de los recursos destinados el próximo año en materia de vivienda los aporta la Junta de Andalucía con la participación también de fondos europeos, mientras que la financiación estatal se ciñe tan sólo al 23% de estas partidas”
Mucho camino por recorrer.
Los demás tampoco lo tienen fácil. un informe del síndic de Greuges (defensor del pueblo) de la Comunitat Valenciana, señala que en la Comunidad Valenciana hay 7.100 hogares al límite de pobreza en vivienda, “una cifra que podría aumentar a 20.000 si se produjera una eventual contracción del ciclo económico, y recomienda incrementar la vivienda pública en alquiler”. El informe advierte que el parque de vivienda pública es claramente insuficiente para atender la demanda de los colectivos más desfavorecidos.
Y además cuantifica el parque de vivienda pública en la Comunitat en unas 65.000 unidades, de las cuales el 94 % están ocupadas, mientras que entre el 4 y el 5% (unas 3.500) se encuentran vacías, 2.130 se encuentran en ocupación ilegal y 1.150 para rehabilitar.
También la Generalitat concedió 12.426 prestaciones para el pago del alquiler en 2017.
Mucho camino por recorrer.
El caso catalán tampoco es halagüeño. Más de 116.300 familias esperan un piso de protección en Catalunya. En poco más de siete años se han doblado las demandas mientras la producción se ha ralentizado (1.000 viviendas iniciadas el año pasado frente a las casi 10.000 de 2008). Y todas se edifican en Barcelona, es decir, que no se construyó ninguna promoción en el resto del territorio.
No es baladí. Sólo en Barcelona casi 90.000 familias demandan un piso protegido, de los cuales el 30% son menores de 30 años. Jóvenes que no pueden iniciar su vida independiente.
Por el lado de la oferta, los indicadores no son más alentadores: el Ayuntamiento de Barcelona calcula que en el 2048 se habrá desprotegido el 88% de las viviendas públicas del censo de 2009; existen según el censo del INE más de 80.000 viviendas vacías sólo en Barcelona, y el ritmo de puesta a disposición pública de vivienda protegida es escaso.
También la Generalitat concedió 59.919 prestaciones para el pago del alquiler en 2017.
Mucho camino por recorrer.
Una medida que ya conocemos bien en Euskadi es la calificación permanente de la vivienda protegida. La imposibilidad de venta libre de cualquier piso que sea de protección pública.
Ahora, la Ley de Vivienda de las Islas Baleares ha recogido esta medida que, según nuestra experiencia, es una de las mejores acciones para no despatrimonializar el parque público de vivienda que ha sido financiado entre todos.
Seguro que adivinan nuestra principal conclusión. Hay distintos estadios de situación, pero la efectividad de las políticas públicas de vivienda en España tiene mucho camino por recorrer, y para ello hace falta voluntad política. Sí, pero también recursos. Muchos recursos en moneda de curso legal.
Más información:
http://www.cacoa.es/wp-content/uploads/2018/07/CACOA-Vivienda.pdf
https://www.lavanguardia.com/vida/20180711/45825416038/solicitudes-vpo-catalunya-vivienda.html
