La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha conseguido que Unidos Podemos, Compromis, ERC y Bildu apoyen la presentación conjunta de una Proposición de Ley de Vivienda por el derecho a la vivienda y contra los desahucios en el Parlamento español.
Una Proposición que, al tratar cuestiones sociales altamente sensibles, es por definición oportuna (seguramente lo hubiera sido más si el debate social y político que debe llevar aparejado, junto con las medidas que pudieran resultar, se hubiera realizado en el mismo marco legislativo bastante antes).
La Proposición aborda como grandes líneas argumentales, las siguientes:
1) Dación en Pago Retroactiva, y eliminación y compensación por cláusulas abusivas.
2) Alquiler Asequible.
3) Paralización de los desahucios.
4) Vivienda Social, para realojar familias en pisos vacíos en manos de la banca.
5) Suministros Básicos Garantizados de agua, luz y gas.
Creemos, y es una opinión, por tanto, emitida desde nuestra concreta posición de observadores, que han sido muchos los errores que se han cometido en cuanto a vivienda en la protección de derechos básicos de los hogares más vulnerables, impidiendo, en demasiados casos, una posibilidad efectiva de rescate social y segunda oportunidad vital.
Esta política de racanería social ha coincido en el tiempo con un generoso, profuso y costoso rescate financiero a la banca quebrada, en aras de intereses macroeconómicos no siempre entendibles y en todo caso, discutibles.
Este préstamo de la UE en buenas condiciones de interés (así nos lo vendieron), ha trocado en otra cosa, como era previsible, y se va a traducir en un impresionante rescate (como en otros países, es cierto, empezando por la líder Alemania) con cargo al contribuyente y sin ninguna capacidad previa efectiva de debate y aceptación, o no.
La proposición de Ley de Vivienda de la PAH, es fruto de la indignación acumulada durante la crisis económica y financiera y las muy graves, cuantitativa y cualitativamente, derivaciones sociales de la misma.
Pero, aunque a veces lo disociemos de otros aspectos más amables (por ejemplo, la muy consistente defensa de los derechos de los consumidores españoles por parte de los tribunales de justicia de la UE), nos movemos en la UE en un marco social, económico y político, en el que existen unas reglas de juego que debemos contemplar en cualquier análisis, y que se convierten en cruciales para la búsqueda efectiva de soluciones.
Hay un sistema, y con independencia de que ese sistema deba ser, cuando menos, mejorado en el tiempo, ese sistema nos afecta y nos determina para la búsqueda efectiva de soluciones.
Y luego hay principios económicos que nos parecen lógicos desde nuestra concreta naturaleza de observadores.
El gasto directo es siempre mejor que el gasto fiscal. Aquel contribuye mucho más eficientemente a la lucha contra la desigualdad y la mejora de la distribución de la renta, que éste.
Aquel es claro, concreto, puede ser selectivo y prioritario y es evaluable y controlable en sus impactos.
El gasto fiscal es opaco, disperso, no eficientemente redistributivo, y favorece más y mejor a los sectores de mayores niveles de renta.
Las políticas públicas se deben sufragar con gasto público y este se financia con impuestos como elemento principal.
Acudir a otras vías, por muy ingeniosas que puedan parecer, nos lleva a situaciones donde es difícil sencillamente conocer sus impactos. Quién paga qué y hasta donde, y quien gana y pierde con esos subsistemas.
Si alguien quiere buscar subsistemas complejos, que observe nuestro sistema vigente de fijación de precios de la energía en cualquiera de sus modalidades.
Estamos en un estado autonómico con una distribución de competencias entre instituciones de diferente alcance territorial, y la vivienda es una competencia autonómica frente a otras que afectan también y mucho en estos ámbitos sociales, que son de regulación estatal o donde se deben abrir espacios de colaboración interinstitucional.
La distribución de competencias y el principio de subsidiariedad que subyace en muchas políticas, es una manera eficiente de diseñar, regular y sobre todo, de ejecutar dichas políticas.
Máxime cuando, además, pertenecemos a una superestructura europea que va alcanzando cada vez mayor poder de decisión y cuyo tamaño la empuja a delegar y descentralizar ,como fórmula más eficaz y eficiente de llegar a las personas.
Es este otro componente de sistema que hay que tener presente a la hora de arbitrar y ejecutar políticas.
El Observatorio Vasco de la Vivienda, aparte de difundir el texto de la PAH, quiere realizar un análisis profundo de las medidas que se proponen, de su impacto directo e indirecto y contribuir al debate político y social que consideramos preciso, en todo caso.
Y lo haremos a nuestra manera, lo cual significa que la mayoría de las veces abriremos más interrogantes, dudaremos y nos haremos preguntas para las cuales no siempre aportaremos una respuesta, o al menos una respuesta taxativa.
En Euskadi, el derecho a la vivienda está garantizado por Ley y ante los tribunales. Las emergencias habitacionales tienen su respuesta en la medida de nuestras competencias, y la cobertura social de los hogares más vulnerables es notable en medios y recursos. De hecho y para algunos, este es el auténtico hecho diferencial vasco. Obviamente, y para otros, esto no es así.
Pero sobre todo, es un sistema que se ha basado en el consenso y la corresponsabilidad en las políticas públicas, donde están incluidas las posiciones de grandes espectros de la sociedad vasca, lo cual ni es fácil ni deja de estar sujeto a periódicas e importantes convulsiones, promovidas también desde espacios sociales y políticos emergentes (nuevos, pero quizás de bases muy antiguas), visibles aquí y en todo el mundo.
Más información
http://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2017/03/textolegal_leyviviendaPAH_2017_v1.0.pdf
http://afectadosporlahipoteca.com/2017/03/22/ley-de-vivienda-de-la-pah/
