Se calcula que en España existen más de 87.000 viviendas ocupadas de manera ilegal, según el Instituto Cerdà. Otras fuentes elevan esa cifra hasta las 100.000.
Es en primer lugar un indicador de persistencia de la pobreza instalada en nuestra sociedad. Según la citada fuente, más de 67.000 familias -algo más de 260.000 personas- ocupan casas de una manera ilegal en base a situaciones sobrevenidas de emergencia habitacional. Carecen de alternativas.
Es también un claro indicador de la demoledora escasez de un parque suficiente de vivienda social, que coexiste, en tiempo y espacio, con un inmenso parque vacío de viviendas.
Una parte significativa, aunque minoritaria, de okupaciones (hablamos de varios miles de viviendas en España, con especial relevancia, no casualmente, en ciudades como Madrid y Barcelona), se practican además sobre el todavía exiguo parque público de viviendas en alquiler.
En Euskadi esta problemática ha venido siendo sencillamente irrelevante (hemos podido contar los casos con los dedos de las dos manos) para el parque público de viviendas en alquiler del Gobierno Vasco, sin nada que ver, afortunadamente, con otras situaciones en parques públicos.
Para las administraciones públicas las okupaciones de sus viviendas suponen costes de gestión, de credibilidad política y situaciones de crisis permanente al no poder atender las exigentes demandas de las personas y hogares con necesidades de acceso a la vivienda pública.
En el caso de Euskadi contamos además con el derecho subjetivo a la vivienda, lo que tensiona todavía más la necesidad de disponer y ocupar legalmente las viviendas públicas disponibles por parte de las personas adjudicatarias legítimas.
La mayor parte de las ocupaciones, más de un 75% según la citada fuente, son ocupaciones de personas no conflictivas y derivadas de casos de necesidad extrema. Mientras que el 25% restante es como modus vivendi.
Junto a la ocupación, que abunda más en pisos antiguos, abandonados o inacabados, se producen también conexiones ilegales a las redes de gas, agua y luz que pueden entrañar diversos riesgos, no sólo para las familias ocupantes, sino para el entorno. A lo que tienen que sumar las familias “okupas” la insalubridad, inseguridad y stress que significan malvivir de esa manera.
Los tiempos cambian que es una barbaridad y también está cambiando, preocupantemente, el perfil de los okupas. El okupa ya no es solo una familia sin recursos. Ahora aparece la lacra de las mafias organizadas.
La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en un negocio demasiado bueno y fácil para las mafias y, por eso, no deja de crecer.
El último dato del que dispone la Secretaría de Estado de Seguridad corresponde a 2017, cuando se registró la cifra más alta de los últimos cinco años: 10.619 ocupaciones ilegales denunciadas o investigadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se trata de un 5,8% más que el año anterior (9.998). Cataluña (4.123) y la Comunidad de Madrid (1.466) fueron las regiones con más casos. Y, por ciudades, fue Barcelona, con 3.072 denuncias, la que batió records.
La proliferación de mafias ha hecho que en torno a la ocupación se haya diseñado una batería de productos y servicios para tratar de evitar las okupaciones. Se podría decir que ha creado su propia oferta de productos y servicios. Un nuevo mercado.
Muchas compañías de seguros cubren los gastos judiciales de la desocupación en sus pólizas multirriesgo de hogar, e incluso la cobertura de asistencia jurídica llega a cubrir la apropiación indebida de bienes hasta el límite asegurado, así como los actos vandálicos. Con su precio adicional.
Ha surgido ex novo un vasto mercado de productos diseñados para evitar la patada en la puerta. En 2018 la instalación de sistemas antiokupa ha aumentado más del 50%. Ya no solo son los grandes grupos inversores, sino que el número de particulares que alquilan estos sistemas para proteger sus viviendas vacías es cada vez mayor.
Entre los productos ofertados están puertas y pantallas de acero que permiten la entrada autorizada mediante llaves de seguridad; alarmas sin cableado para pisos vacíos; y puertas con cerradura electrónica para controlar el acceso de forma remota.
El coste de la puerta y ventanas de acero y sin cerradura ronda los 120 euros al mes y reducen las probabilidades de ocupación por debajo del 1%. Lo que más demandan los clientes también es la puerta antiokupa por 70 euros al mes; y la alarma para casas desocupadas. Ambos productos cuestan 140 euros al mes.
Los cambios también han llegado al marco legal.
Los propietarios tienen desde hace ocho meses un nuevo aliado en su bando. La nueva ley de desahucio exprés (Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), agiliza y mucho el proceso judicial anterior que debían recorrer las personas propietarias y que podía alargarse hasta dos años.
La novedad más importante es que permite a los propietarios acudir a un juicio civil de desahucio para recuperar la posesión de sus propiedades en un corto periodo de tiempo y con menos costes. Ahora la vía civil (y no la penal) es la forma más rápida para solventar la mayoría de ocupaciones.
Hasta julio de 2018 la legislación procesal no disponía de instrumentos rápidos. Se llamaba a la policía para identificar a los ocupantes y abrir la vía penal. Los procesos eran tan largos y poco efectivos como para que muchos de los afectados prefirieran, por practicidad, pagar dinero al okupa para que abandonara la casa. Otro mercado ex novo.
Ahora basta con presentar una demanda civil de desahucio para que en el plazo aproximado de un mes se pueda recuperar la vivienda. No todos los juzgados de primera instancia tienen la misma carga de trabajo ni la misma celeridad a la hora de admitir a trámite una demanda, pero parece que en no más de tres a cinco meses un propietario o arrendatario puede volver a entrar en su vivienda con seguridad.
La ley adopta una medida cautelar rápida y es que el ocupante acredite en un plazo de cinco días, desde la notificación, la existencia de título jurídico de la casa (contrato de alquiler, escritura de compra…). Si no lo hace, el juez autoriza el desahucio, acordando fecha y hora de lanzamiento. Y, además, el auto es irrecurrible.
La nueva norma protege a las personas propietarias pero también a las Administraciones públicas con vivienda social, que pueden reclamar estas casas para su verdadera finalidad: dar un techo a las personas en situación de necesidad de vivienda inscritas en sus listas oficiales de demandantes y bajo los criterios de preferencia y legalidad establecidos. Pero no incluye a entidades financieras, promotoras ni fondos de inversión. Aquí las mafias siguen teniendo a su alcance un amplio parque de inmuebles de fondos buitre y bancos, parque acumulado en estos últimos años, de una manera también enormemente llamativa.
Aunque la vía civil no distingue entre vivienda habitual o segunda residencia, parece que está más pensada para el último caso. Porque si los okupas entran en una vivienda habitual porque se ausentan sus moradores para comprar el pan o de vacaciones, es un delito de allanamiento de morada y, en ese caso, hay que llamar a la policía de inmediato.
En este caso, la inmediatez es la clave para que la policía pueda sacar a los ocupantes sin un proceso judicial al considerarse un delito flagrante, es decir, la okupación se está produciendo o acaba de ocurrir y hay testigos.
La okupación como fórmula está viendo aumentar preocupantemente su poder de atracción para grupos organizados no con fines lícitos precisamente.
En los últimos tiempos, ciertas mafias rastrean las ciudades en busca de viviendas vacías, comprueban carteles de venta en ventanas, anuncios en prensa y sus contactos les propician pistas.
Configurando un nuevo mercado, negro en este caso, estas mafias “adjudican” a terceros las viviendas que han okupado en primera instancia, bajo sus propias reglas de mercado (que no suelen basase en el interés público, precisamente) a una segunda generación de okupas, que tras el correspondiente pago de un “precio”, viven en las viviendas o las subalquilan.
Otras mafias persiguen fines más relacionados con sus ámbitos habituales de negocio, los utilizan como pisos francos de droga u otras actividades ilegales.
Si asumimos que todos las personas que componemos una sociedad (incluidos aquellos, temporalmente, en el gobierno de turno) somos portadores de derechos y obligaciones y estamos sujetos a códigos legales, las mafias y sus actividades okupas sobran. Y eso incluye también las okupaciones ilegales de los parques públicos de vivienda.
Tenemos en Euskadi muchas personas que demandan el derecho subjetivo a la vivienda todos los días y miles de personas demandantes inscritas en Etxebide que necesitan una vivienda en alquiler. Tenemos también un sistema legal, público y trasparente que determina la adjudicación de las viviendas públicas.
Por eso y como las viviendas no sobran (el parque del Gobierno Vasco ya se sitúa en el tono de las 13.500 viviendas en alquiler y alcanza 22.700 si se agregan los parques municipales)y está básicamente ocupado de manera obviamente legal, sólo se cuenta con las viviendas en rotación (las que quedan temporalmente vacías en espera de acondicionamiento y nueva de adjudicación), las nuevas captaciones Bizigune y ASAP y las nuevas producciones que se terminan cada año, como nueva oferta pública con la que hacer frente en el momento actual a una muy extensa demanda efectiva.
No parece que las administraciones públicas vascas (y específicamente el propio Gobierno Vasco) se puedan permitir el lujo de que les detraigan a la fuerza recursos escasos, y no parece tampoco plausible que permitan que se sustituya el interés público general por el lucro privado delictivo.
Asi que aunque en Euskadi parece que se siguen contando los casos que nos afectan con las manos, lo que nos sigue situando a distancias siderales de la problemática okupa de otros ámbitos, no debe instalarse el conformismo.
Lo obligado y ,por esta vez, también lo sensato, es pelear ahora y seguir peleando después contra estas mafias, por lo civil y por lo penal.
Al mismo tiempo, y como mensaje correlacionado para a las personas propietarias que mantienen viviendas desocupadas, es conveniente recordarles que cuentan con programas públicos como Bizigune y ASAP para disponer de un alquiler seguro y razonablemente rentable, actividad que permite a las administraciones públicas vascas, de paso, incrementar su oferta de alquiler a precios asequibles.
Más información
https://www.elcorreo.com/bizkaia/vecinos-bilbao-vieja-20190211220452-nt.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/04/24/midinero/1524592229_171399.html
