La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado una proposición de ley del PDeCAT que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger la propiedad privada frente a la okupación ilegal.
Ha tenido que apoyarse para lograrlo en aliados tan poco frecuentes, desde su giro independentista, como el PP y Ciudadanos. El PNV también ha votado a favor, pero el PSOE, Unidos Podemos y hasta Esquerra Republicana, socio del PDECat en Junts Pel Sí, han votado en contra.
Esta comisión de la Cámara baja ha enviado la reforma de la ley al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y el texto no encontrará seguramente ningún obstáculo para salir adelante, aunque luego deberá volver al Congreso.
La iniciativa va teóricamente dirigida contra las mafias que se quedan ilegalmente con pisos y se dedican o bien a extorsionar a los propietarios para devolvérselos a cambio de un ‘rescate’ o bien a ‘alquilarlos’ a familias
Actualmente, y por los cauces estrictamente legales, los dueños de un inmueble ocupado, pueden llegar a pasar hasta dos años para liberar su casa de indeseados inquilinos.
Con la nueva propuesta, los plazos se ven acortados ostensiblemente y reducidos a menos de un mes.
Los beneficiarios de esta medida serán únicamente las personas físicas propietarias de viviendas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas con parque propio de viviendas destinadas a fines sociales.
Quedan por tanto fuera, un gran elenco de propietarios como las entidades financieras o fondos de inversión que siendo también propietarios de casas vacías, hayan sido ocupadas sin su consentimiento.
La izquierda lo ha rechazado porque, a su juicio, la propuesta no cumple con los objetivos que se ha marcado y perjudicará a familias vulnerables que podrán ser desahuciadas en unos días sin que se actúe contra las mafias.
Los tres partidos que se han opuesto mantienen que la modificación no garantiza el realojo de las familias vulnerables que hayan okupado un inmueble.
“Para luchar contra las mafias, quienes tienen que actuar son los Mossos, no sé por qué no lo hacen”, se ha preguntado la parlamentaria socialista María del Mar Rominguera.
Se han unido también en la oposición, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, por ser un mecanismo de fácil desahucio.
Pese a haber obtenido el primer respaldo parlamentario, el futuro de la iniciativa está sujeto a cambios. Deberá superar numerosos trámites en los que el PP ya ha advertido que va a introducir modificaciones. “Queremos ir mucho más allá en tres cuestiones: salvaguardar el derecho a la propiedad y a la vivienda y reforzar la actuación policial, ha dicho la diputada Ana María Zurita.
Como ven, también hay iniciativas en el Congreso que salen adelante cuando se suman posturas ideológicamente coincidentes, pero hay otras muchas, casi todas las demás, que siguen esperando.
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