Más de 17.000 millones de euros son los que se adeudan a proveedores en las Comunidades Autónomas, es decir, el trabajo se ha hecho pero no se ha cobrado. Si sumamos la deuda de los ayuntamientos, el total de obligaciones impagadas asciende a 27.000 millones de euros. Todo un drama si se tiene en cuenta no sólo la situación de las propias administraciones, sino de las empresas implicadas.
Consciente de esta situación, el Gobierno Central ha diseñado un plan, en el que participan todas las entidades financieras y también el ICO, para que afloren las facturas impagadas, que previo reconocimiento por la intervención de cada administración, podrán ser cobradas directamente por los acreedores ante las entidades financieras
A cambio, las comunidades autónomas y ayuntamientos asumirán esa deuda como nueva deuda financiera que tendrán que devolver en un plazo máximo de diez años, con dos de carencia, y un tipo de interés cercano al 5%.
El ministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha dicho que la cifra supone una “inyección de liquidez muy importante” que llegará a autónomos, pymes y grandes empresas.
Además, ha asegurado que es “compatible” con los planes de estabilidad que tienen que presentar ayuntamientos y comunidades para evitar que se repitan situaciones de este tipo.
El titular de la cartera de Hacienda ha dicho que todas las comunidades que se han acogido al plan “serán atendidas” y que todos los proveedores serán “pagados”.
A cambio, el Gobierno exigirá a las comunidades planes económicos que hagan viable la recuperación del crédito. Dichos planes serán enviados al Ministerio antes de que acabe el mes de abril.
Posteriormente, en la primera quincena de mayo se celebrará un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que servirá para examinar la ejecución de los presupuestos autonómicos de 2012 y evitar posibles desvíos.
A partir de esa información, el Gobierno podrá aplicar los mecanismos que incluye la Ley de Estabilidad (prevención, sanción e intervención) y poner en marcha “con diligencia” los mecanismos que incluye la ley
Sólo tres de las 17 Comunidades Autónomas han rechazado este ofrecimiento: Euskadi, Navarra y Galicia. Lo que significa que, no tienen facturas aplazadas en sus cajones y que no necesitan entrar en este Plan extraordinario de financiación.
Del resto, la Comunidad Valenciana se lleva el grueso de la deuda, con más de 4.000 millones de deuda, seguido de Andalucía con casi 2.800, y Castilla-La Mancha con 2.500 millones de euros. La Generalitat de Catalunya adeuda 1.984 millones de euros y la Comunidad de Madrid 1.279 millones de euros.
Llama la atención que la Comunidad de Madrid, que ha sido la única región que ha cumplido con los límites de déficit al finalizar el 2011, con un 1,13%, presente ahora 1.279 millones de euros en gasto diferido (facturas en el cajón sin pagar).
La mayoría del montante de la deuda existente proviene del gasto sanitario, farmacéutico, y construcción de obra civil.
Para más información:
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/17/economia/1334660217.html?cid=GNEW970103
http://www.expansion.com/2012/04/21/economia/1335012978.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/28/economia/1330419763.html
