La banca fija un tipo de interés mínimo en las hipotecas contratadas a tipos de interés variable. De este modo, por mucho que baje el índice de referencia (en la mayoría, el Euribor), la cuota que paga el ciudadano no baja nunca del nivel prefijado por la entidad (ejemplo, una hipoteca contratada con Euribor + 0,50% con una cláusula suelo del 3% jamás bajaría de ese 3% aunque como ahora, el índice estuviera a 0% o en negativo). Son las llamadas cláusulas suelo.
Las sucesivas bajadas de los tipos de interés del Banco Central Europeo desde los comienzos de la crisis, han llevado al Euribor a mínimos históricos con tasas de interés negativas, pero estas condiciones contractuales han impedido que muchos ciudadanos pudieran beneficiarse de las rebajas.
El Tribunal de Justicia de la UE y la Comisión Europea, llevan ya tiempo dando varapalos a la legislación hipotecaria por su marcado sesgo hacia una de las partes contratantes (que son dos: banca y consumidores)
Ahora, la Comisión se ha visto obligada a abrir un expediente al Estado español por haber limitado la compensación en los contratos abusivos. Y es que el Tribunal Supremo estableció que podían ser compensadas las cantidades de todos aquellos contratos con cláusulas abusivas después del 9 de mayo de 2013, en base a la normativa española en vigor.
La Comisión ha visto en esta práctica española una limitación a los derechos de los ciudadanos, y el efecto de protección pretendido por la legislación de consumo europea, limitada a futuro.
Se diría que en Europa los consumidores gozan de derechos que son de difícil materialización en España por la propia acción de su Gobierno Central, muy celoso además de esta competencia.
Si bien la acción jurisdiccional del Tribunal Supremo español está supeditada al marco legal español vigente, el Banco de España, órgano independiente pero sheriff de la banca, ha abrazado con renovados bríos estas prácticas limitativas de la retroactividad de las clausulas suelo, al ver amenazas en la devolución total por parte de la banca de las compensaciones, lo que dice podría desestabilizar la economía española, ya que, se estaría hablando de entorno de los 7.600 millones de euros que debería devolver la banca a los consumidores españoles por prácticas abusivas.
Si los consumidores españoles forman parte de la economía española, como parece lógico suponer, esa inyección monetaria llegaría a unos hogares que decidirían adicionalmente con esos recursos qué destinan al consumo, qué al ahorro y por supuesto, ayudar a cumplir con las obligaciones de esos ciudadanos con las propias entidades financieras.
Además, el riesgo de trastornos económicos para los bancos ya ha dado mucho juego en el pasado reciente y ha producido resultados. Los contribuyentes españoles que además son consumidores, ya han demostrado su solidaridad con el buen funcionamiento de la economía, incluyendo en su contribución las ayudas a la banca española en apuros.
Que por una vez, y que sirva de precedente, los flujos monetarios cambien su origen y destino, tiene mucho de justica poética, y todo indica que será real.
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