Más de 87.000 familias -unas 270.000 personas- ocupan viviendas de manera ilegal en España, según el estudio La ocupación ilegal: realidad social, urbana y económica, elaborado por el Instituto Cerdà, que considera que los inmuebles con pisos ocupados pierden entre un 40% y un 60% de su valor.
Ciudadanos acaba de presentar una Proposición de Ley (Ley integral contra la ocupación de viviendas) que permita a los propietarios de inmuebles e incluso a la comunidad de propietarios del edificio, echar por la vía rápida a ocupantes ilegales.
La propuesta tiene como fin declarado luchar de manera más eficiente contra un fenómeno que afecta gravemente a los propietarios de los inmuebles y a la convivencia en determinados barrios.
Una Proposición que plantea mano dura y ejecutividad inmediata contra estos accesos ilegales, sobre todo, cuando se hayan producido con violencia o se utilicen para el tráfico de estupefacientes, donde se pide un endurecimiento de las penas.
Se solicita en último término que se puedan realizar juicios rápidos y no, como en la actualidad, donde las personas propietarias, en la práctica real, tienen que esperar muchos meses hasta que se da carpetazo legal, y los pueden volver a disponer de su inmueble.
La formación naranja, también propone que la policía pueda entrar sin orden judicial en las edificaciones que no tengan consideración de domicilio y que puedan haber sido ocupadas con fines delictivos.
Este es otro asunto espinoso. Sin dejar de ser conscientes del fracaso normativo e institucional que conllevan estas actuaciones, y el agravio comparativo con aquellas personas que necesitando una vivienda, esperan a que legalmente, la administración pueda facilitar su acceso, si tal y como destaca el informe Cerdá, las ocupaciones conflictivas son las minoritarias (entre el 10 y el 35%), y según publica el diario Expansión, existen entre 85.000 y 90.000 viviendas ocupadas, de las que al menos 70.000 pisos se encuentran en manos de las entidades bancarias, la pregunta que surge también aquí es si no debieran caber también otras medidas que propicien la ocupación legal e las viviendas mediante su uso normalizado.
En todo caso, es la tercera iniciativa consecutiva en materia de vivienda en los últimos tiempos, tras las proposiciones de ley de vivienda de las PAH (ya vetada por el Gobierno Central) y la de modificación de la LAU para impulsar el alquiler del Partido Socialista, que debieran exigir un debate muy serio y soluciones efectivas y socialmente equilibradas, y no parece que estén los tiempos en el Congreso para ello.
Más información
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-242-1.PDF
http://www.elmundo.es/economia/vivienda/2017/05/04/590b07e9268e3e842e8b46a2.html
http://www.icerda.org/media/files/Presentaci%C3%B3%20Ocupaci%C3%B3%202017.05.02.pdf
