Son un 15% más que en 2008, tienen entre 18 y 44 años y culpan de su situación al trabajo precario
Fuente: JOSÉ DOMÍNGUEZ BILBAO – EL CORREO – 27/08/2018
La recuperación económica será ya un hecho para los expertos, pero la realidad es que, al menos hasta ahora, no beneficia a todos por igual. Según constata un informe elaborado por el Observatorio Vasco de la Vivienda, el aumento de ingresos no está llegando a las capas más bajas de la sociedad. De hecho, hace un par de años 151.112 personas se encontraban en riesgo de pobreza, un 20% más que en 2008, en Euskadi y el fenómeno no parece haber revertido, al menos, en lo referente a encontrar techo.
El retroceso, según subraya el viceconsejero de Vivienda, Pedro Jáuregui, tiene un reflejo directo en el perfil del demandante de un hogar. Especialmente entre los que desean emanciparse. Así lo constata una encuesta del Ejecutivo autónomo, que revela que el 82% de los vascos que quieren comprar o alquilar su primera casa, 113.623 personas en concreto, no pueden hacerlo por carecer de los recursos suficientes, según el último estudio disponible.
La cifra ya sorprende por sí sola, pero su trascendencia se multiplica si se tiene en cuenta que ha aumentado un 15% en la última década. Y resulta más llamativa todavía al descubrir que nueve de cada diez afectados tienen entre 18 y 44 años. «Engloba a un porcentaje muy importante de la juventud», lamenta el responsable autonómico. Muchos tienen trabajo, pero en su mayoría mal pagado, inestable o las dos cosas -el doble que en 2008-. Sueldos insuficientes para optar al mercado libre, pero que al mismo tiempo superan los límites para recibir ayudas, lo que en la práctica les deja fuera también «del protegido».
EMANCIPACIÓN Y RIESGO DE POBREZA. DATOS DE 2016 / C. ZAFRA
Medio centenar, sin techo
Jáuregui reconoce que, sólo para satisfacer esta demanda residencial con recursos públicos, «harían falta 55.500 pisos más». Y todos ellos en régimen de alquiler porque, según remarca, esa es en la actualidad la opción preferente de los demandantes inscritos en el Servicio Vasco de Vivienda, Etxebide. El parque autonómico en arrendamiento, sin embargo, se limita a 12.500 inmuebles -19.000 si se suman las del resto de administraciones vascas-. A su juicio, una cifra razonable y a medio camino debería rondar al menos las 30.000, «pero para alcanzarla no queda otra que reforzar futuras políticas».
El departamento prevé que hasta 2020 se construyan 6.350 pisos protegidos en el País Vasco. Y en estos tres años confía en incrementar un 30%, hasta los 6.400, los inmuebles privados que participan en el programa de alquiler público Bizigune. Una apuesta que se complementará con el refuerzo de las subvenciones que Vivienda concede a más de 28.000 personas en Euskadi para ayudarles a pagar un arrendamiento en el mercado libre, que ya roza los 1.000 euros al mes. El viceconsejero subraya que estas prestaciones, «junto a la Renta de Garantía de Ingresos – RGI – y las de emergencia social, han sido fundamentales para evitar que 134.000 personas, el 6,3% de la población vasca, entre en riesgo de pobreza y disfrute de un hogar digno».
La contribución de las instituciones a sostener la economía de familias sin recursos no ha logrado, sin embargo, que muchas personas hayan acabado perdiéndolo prácticamente todo. Incluso su vivienda. En concreto, y según una encuesta realizada en 2016, hay al menos 2.009 vascos que sobreviven en situación de «exclusión residencial grave». Casi 500, por no tener, no tienen ni un techo bajo el que cobijarse. 213 incluso se ven obligados a dormir a la intemperie, debajo de un puente o donde sea.
Otros 248 consiguen regularmente una plaza en un refugio nocturno, mientras que 61 se las apañan como pueden en chabolas, autocaravanas o de ‘okupas’ en infraviviendas. Las 1.487 restantes han encontrado al menos una cama estable en albergues y centros de alojamiento, en algunos casos para mujeres con hijos, y muchos otros incluyen apoyo y seguimiento a las problemáticas que marcan el perfil de estas personas sin hogar.
El informe del observatorio constata que el perfil de este grupo es el de gente entrada en años, ya que sólo el 21% tiene menos de 25. Un porcentaje que ha bajado en seis puntos desde 2014. Son mayores y, además, llevan bastante tiempo tres años como mínimo- hundidos en esta situación de exclusión social.
Un ambicioso programa de ayudas para los jóvenes
Pedro Jáuregui tiene claro que la ayuda a la juventud debe ser uno de los pilares de la política de la viceconsejería en los próximos años. Por eso, el departamento introducirá cupos específicos para este colectivo en los criterios a partir de los que Etxebide repartirá las nuevas viviendas protegidas que se inauguren y aumentará los programas de subvenciones. El más llamativo será Gaztelagun, que desde el próximo 1 de enero sufragará hasta la mitad del recibo de un alquiler privado a jóvenes de entre 23 y 35 años que acrediten tener de 12.000 a 18.000 euros de ingresos anuales -20.000 en caso de familias numerosas y 22.000 para personas con discapacidad-. La medida, que se aplicará en Euskadi por primera vez en España y que se prevé que beneficie a 6.000 jóvenes en 2021, será la ayuda pública más elevada a nivel nacional y tendrá el límite de renta a cubrir en los 600 euros, 750 en el caso de las capitales vascas.
El viceconsejero adelanta que la gestión de este proyecto correrá a cargo de la sociedad pública Alokabide, que ya se encarga de la administración de los 12.500 pisos que integran el parque de alquiler del Gobierno vasco. «Más de 80 personas trabajan a diario para tramitar las mensualidades, el mantenimiento y las necesidades de reforma», explica. Asumir esta nueva tarea, que incluye analizar si cada solicitud cumple los requisitos, realizar los pagos y garantizar su seguimiento, «exigirá la contratación de otras 15 personas». Vivienda ultima ya la redacción del reglamento que regulará este sistema de ayudas, «que empezaremos a tramitar en unos días».
